España firmó junto con otros 70 países el Convenio de Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación vigente desde 1996 que obligaba a diseñar planes nacionales para combatir la pérdida de suelo, la elevada erosión, sobreexplotación de acuíferos y otros fenómenos asociados a este proceso de desertificación. Once años después, en 2007, se presentó sin los deberes hechos en la Cumbre